Ley Fintech y tokenización de activos en Chile: lo que ya rige y lo que viene

La Ley 21.521, conocida como Ley Fintech, se publicó el 4 de enero de 2023 y entró en vigencia el 3 de febrero del mismo año. Su Título II somete a regulación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) siete servicios: plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, intermediación de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes, asesoría crediticia, asesoría de inversión y custodia de instrumentos financieros.

La Norma de Carácter General 502 de la CMF (12 de enero de 2024) fijó cómo inscribirse, qué patrimonio mínimo acreditar según volumen operado, y las exigencias de gobierno corporativo y gestión de riesgos. Las entidades que ya operaban tuvieron plazo hasta el 3 de febrero de 2025 para inscribirse. A mayo de 2026 la CMF había otorgado 37 autorizaciones, y en julio de 2026 rechazó siete solicitudes por documentación incompleta, estados financieros sin auditar o garantías no acreditadas: el regulador exige, y verifica.

La ley no crea una categoría aparte para los tokens. Define "instrumento financiero" incluyendo títulos, contratos, documentos o bienes incorporales que representen un activo financiero virtual, y define criptoactivo como una representación digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción del dinero. La consecuencia práctica es directa: cuando un token representa un instrumento financiero, le aplican las reglas de intermediación, custodia, sistemas alternativos de transacción, enrutamiento y asesoría, con inscripción y autorización de la CMF.

La NCG 502 va más lejos y exige documentación pública con las especificaciones técnicas del activo representado digitalmente y los derechos del tenedor, y pondera los criptoactivos en el cálculo de capital. El artículo 31 de la ley faculta además al Banco Central para normar las stablecoins con respaldo o paridad en moneda fiat.

El mercado no esperó a que la regulación madurara del todo. En abril de 2025 el Depósito Central de Valores lanzó DCV Digital, una plataforma de emisión y custodia de instrumentos digitales sobre tecnología de registro distribuido desarrollada con Nasdaq; el Banco Central fue su primer usuario, emitiendo pagarés (PDBC) en ella. En noviembre de 2025, Bci colocó el primer bono bancario digital del mercado, por 40.000 millones de pesos (unos US$43 millones), en esa infraestructura.

Y en su Informe de Sistemas de Pago de agosto de 2026, el Banco Central anunció que pondrá en consulta un marco para stablecoins que establecerá las condiciones para su emisión en Chile, con respaldo auditable, custodia de reservas y derecho a rescate. La pieza que faltaba para pagos y liquidación en moneda digital está en camino.

El orden que funciona es el inverso al que suele intentarse: primero la estructura, después la tecnología. Definir el instrumento y su naturaleza jurídica, el vehículo (fideicomiso, sociedad, fondo), quién custodia, cómo se registran los inversionistas y cómo se cumple con UAF y SII. Con eso resuelto, la elección de la red (pública como Ethereum o Polygon, o permisionada como Hyperledger Besu) y la plataforma de emisión es una decisión técnica acotada.

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